Por Martín Ignacio Coldman
Este año se cumplen 60 años de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aprobada el 16 de diciembre de 1965, esta resolución reconoció "la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía" sobre las Islas Malvinas, e instó a ambas partes a entablar negociaciones "teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas". Es importante recalcar que lo que se deben considerar son los intereses —y no los deseos— como erróneamente sostiene el presidente Milei en reiteradas ocasiones.
Fue un triunfo de la diplomacia argentina, que logró internacionalizar el reclamo soberano bajo el principio de solución pacífica y rechazo al colonialismo. Esa conquista histórica aún tiene plena vigencia jurídica, aunque el gobierno argentino mire hacia otro lado. Hoy, a la profundización de la política colonial por parte del Reino Unido, se suma el deterioro de la política exterior argentina y la debilidad de la defensa de la soberanía que produce el propio Estado.
Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei ha evidenciado un claro abandono de la política de Estado sobre Malvinas. El vaciamiento del Consejo Nacional de Malvinas, el recorte presupuestario en áreas de soberanía científica y de defensa, el silencio frente a las actividades ilegales británicas en el Atlántico Sur y, sobre todo, su alineamiento geopolítico automático con las potencias que ocupan nuestro territorio configuran un cuadro alarmante.
Las traiciones en las que ha incurrido e incurre el presidente son múltiples. En el plano simbólico. Y en el institucional, ya que lesiona gravemente la Constitución Argentina que juró cada vez que pudo; al mismo tiempo, desarma todo el cuerpo jurídico que el Estado logró construir en 192 años de usurpación británica.
La causa Malvinas no es sólo un reclamo territorial. Está vinculada directamente con nuestra identidad nacional, nuestra memoria reciente y nuestros símbolos patrios. Y es también una disputa económica, energética y estratégica. Las aguas circundantes al archipiélago, así como el lecho y subsuelo marino, contienen recursos pesqueros, hidrocarburíferos y minerales vitales. El Atlántico Sur es una región geopolíticamente codiciada, no sólo por el paso bioceánico, sino y principalmente, porque es la puerta a la Antártida, donde se encuentra el 70 % del agua dulce del planeta y una fenomenal cantidad de recursos naturales cada vez más importantes en un mundo atravesado por una profunda crisis ambiental y civilizatoria.
Defender las Malvinas es defender la soberanía energética, el control del territorio marítimo y los bienes comunes del pueblo argentino.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece con claridad:
"La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (...). La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (...) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."
Esto obliga a todos los gobiernos, sin distinción partidaria, a sostener la defensa del reclamo argentino.
Entre 2003 y 2015, esa obligación se tradujo en acciones concretas. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner denunciaron los acuerdos lesivos de los años noventa, impulsaron leyes para sancionar a empresas que operaban ilegalmente en aguas argentinas, promovieron la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, establecieron el Observatorio Malvinas, fortalecieron la presencia regional en foros como UNASUR, CELAC y MERCOSUR, y llevaron la causa a la Corte Internacional del Mar y al Comité de Descolonización de la ONU. Fue una política de Estado firme, activa y respetuosa del derecho internacional, pero con clara conciencia nacional y con el objetivo de defender los intereses argentinos.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, con todas sus contradicciones y errores, la defensa de la soberanía volvió a ocupar un lugar central en las políticas de Estado, gracias al compromiso inclaudicable de quienes fueron secretarios de Malvinas en ese período.
Filmus, primero como secretario, y luego Carmona, profundizaron una agenda sostenida en la soberanía, la diplomacia multilateral y la institucionalización del reclamo. Filmus rejerarquizó la Secretaría de Malvinas al rango que había tenido en gestiones anteriores, impulsó la creación del Consejo Nacional de Malvinas —órgano plural con representación política, académica y de veteranos— y promovió una batería legislativa clave: delimitación de la plataforma continental, sanciones a la pesca ilegal y restricciones a empresas hidrocarburíferas que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
Carmona continuó esta línea con una fuerte visibilización pública en el 40° aniversario de la guerra, impulsando homenajes, material educativo y una agenda interministerial. En el plano diplomático, reforzó la presencia argentina en la ONU y denunció la militarización británica en las islas, subrayando que el Reino Unido sostiene un régimen colonial anacrónico.
Ambas gestiones coincidieron en fortalecer una estrategia coherente, pacífica y de largo plazo para la recuperación de la soberanía, revalorizando el mandato constitucional y reafirmando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Tanto Macri como Milei han reemplazado una agenda soberana por una agenda de sumisión. En más de una oportunidad, el presidente Javier Milei ha mostrado desprecio por los símbolos de nuestra soberanía. En una entrevista con CNN (noviembre de 2023), declaró: "Thatcher fue una gran líder que ganó una guerra contra el comunismo."
La frase no sólo es históricamente falsa —Malvinas no fue una guerra contra el comunismo— sino también ofensiva. Thatcher fue la responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano, fuera del área de exclusión, con la muerte de 323 compatriotas. Admirarla es una afrenta a la memoria de los 649 caídos, a sus familias, y a todos los excombatientes que defendieron la Patria.
En otra entrevista (Radio Mitre, abril de 2024), Milei se refirió a quienes sostienen el reclamo soberano diciendo: "El nacionalismo berreta de los que se ponen la escarapela para robar no nos lleva a ningún lado."
Comparar la lucha de los excombatientes con un “nacionalismo berreta” es una ofensa directa a la historia y al pueblo argentino. No es un exabrupto: es el reflejo de una ideología que desprecia la soberanía nacional, que confunde mercado con nación y que está dispuesta a entregar todo —territorio, recursos, dignidad— en nombre de una supuesta libertad sin Patria.
El reclamo por Malvinas sigue vigente. Las usurpaciones británicas continúan. Las licencias pesqueras y petroleras ilegales siguen otorgándose. La militarización del Atlántico Sur avanza. Y mientras eso ocurre, la Argentina se repliega, se calla y se somete.
Incluso en este contexto de retroceso interno, la comunidad internacional continúa respaldando el reclamo argentino. Recientemente, la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad y por aclamación una nueva declaración de apoyo a la posición argentina, reafirmando la necesidad de reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido. El reconocimiento exterior persiste, pero de nada sirve si el propio gobierno nacional renuncia a defender lo que nos pertenece.
La soberanía no está en venta. No depende del humor de los mercados ni de la conveniencia de los gobiernos de turno. Es un mandato constitucional, una responsabilidad histórica y un deber ineludible de cualquier dirigente que pretenda representar al pueblo argentino. Ceder ante la entrega es traicionar la memoria y poner en riesgo el porvenir.
Mientras flamee una bandera argentina, Malvinas será una causa viva. No hay cálculo político que borre siglos de historia, ni admiración extranjera que justifique la rendición. Los pueblos no olvidan, y la patria no se rinde.
Porque Malvinas no es pasado: es futuro. Y defenderla no es una opción. Es defender la Patria