Por Horacio Rovelli

La Argentina supo tener un rumbo, un modelo económico y social que le permitió crecer desde junio de 1943 hasta junio de 1975 a una tasa promedio del 3,4% anual, tasa de crecimiento que duplicaba la tasa de aumento vegetativo de la población por ende los niveles de desocupación no superaban el 4% anual y se iba formando un tejido social e industrial importante. En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado una matriz productiva que había aprendido de sí misma y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales con la venta al exterior de casimires, caños sin costura, acero y, en 1973, se obligó a las empresas automotrices radicadas en el país a vender vehículos y repuestos al mundo socialista. Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

El Modelo ISI (industrias Sustituidoras de Importaciones) sobrevivió hasta 1976, en que la dictadura militar desindustrializó imponiendo un modelo extractivista, agropecuario exportador y se valió para ello de la deuda externa.

La deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior y el sector externo refleja claramente esa situación.

En un marco que el objetivo es garantizar el superávit comercial para financiar básicamente el pago de una deuda externa con fuertes vencimientos, que obligan a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente, donde el gobierno ofrece en primer término que las exportaciones (a como den lugar) superen a las importaciones, y a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste de la economía nacional, por ende debe exportarse lo que sea, sin miramiento y sin importar como afecta al consumo interno. Ejemplos claros las exportaciones declaradas de 37 millones de toneladas de granos de maíz en el año 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina y hasta en la bovina en el mercado local, que incluso continua este año en que las exportaciones de granos de maíz se acercarían a 40 millones de toneladas.

La principal pregunta es porque debemos exportar a como dé lugar y reducir el consumo interno para aumentar los saldos exportables de alimentos y materias primas (que es lo que básicamente vendemos), para pagar una deuda que a su vez no se investiga quiénes la generaron. Es más, se trata de llegar a un acuerdo con el FMI y pagar en 10 años con cuatro o cinco años de gracias, pero a cambio de pagar a libro cerrado, cuando la deuda tomada con ese organismo internacional se hizo a espaldas del pueblo, violando nuestra constitución nacional y el FMI violando el Art. 6to Inciso a) de su carta orgánica -porque no puede prestarle a una país en plena fuga, porque como sucedió, termina financiando dicha fuga-.

Es inaudito el nivel de endeudamiento cuando la Argentina ha tenido un comercio exterior superavitario en todo lo que va de este siglo XXI. En efecto, sumando desde el año 2000 inclusive hasta agosto de 2021, se acumula un superávit comercial de 166.281 millones de dólares.

Máxime que en el año 2005 y 2010 se realizó una exitosa conversión de títulos de deuda disminuyéndola sensiblemente y reescalonando sus pago y, sin embargo, con el gobierno de Macri, la deuda se acrecentó en más de 100.000 millones de dólares, con esa deuda no se hicieron obras de infraestructura y si, se fugaron, según estudios del BCRA, 86.200 millones de dólares. Es más los cien primeros fugadores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en cuatro años[1] y a ninguno de ellos se los investiga para saber cómo hicieron para comprar esa cantidad de divisas en cuatro años, cuando no declararon ganancia en sus empresas por esa magnitud que fugaron.

En ese marco, se genera una fuerte disputa en la cúpula del poder económico en la Argentina, principalmente entre el sector extractivista y agropecuario exportador, este último nucleado en el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), que son los que obtienen las divisas del exterior y que necesitan de una devaluación permanente de nuestra moneda para reducir los costos internos (y aumentar sus beneficios y rentas) y que ese hecho de obtener divisas les confiere un rol estratégico en la sociedad.

El CAA se conformó en julio de 2020 con más de 60 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y que tiene asociados y sectores diversos, pero que contemplan prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC, donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Glencore, Bunge, Louis Dreyfus, etc.). A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.

Del otro lado de la cúspide empresaria del país se encuentra el viejo CEA (Consejo Empresario Argentino) que luego se autodenominó AEA (Asociación Empresaria Argentina). El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, su presidente hasta el 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el lock out (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar y, luego asumió como súper ministro de la dictadura de Videla. Desde el año 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y como tal principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y Vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), Pedro Blaquier (Ledesma) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), empresas que están atadas fundamentalmente al mercado interno y que tienen una importante deuda en moneda extranjera (por ende no propician una devaluación sistemática porque su deuda en nuestra moneda crece y sus activos en moneda dura disminuyen).

A esas dos grandes fracciones del empresariado local, hay que sumarle el capital financiero, cada vez más extranjerizado, con BlackRock como principal acreedor privado y con participación en los bancos españoles (Santander y BBVA) y en los supuestamente privados nacionales Galicia y Macro; a los que se debe sumar los bancos extranjeros que operan en el país (Citi, HSBC, ICBC, Patagonia). Más la deuda interna (títulos en pesos) que tiene entre otros acreedores a PIMCO y a Franklin Templeton como sus poseedores y no saben cómo salir de esas tenencias sin producir una fuerte caída en sus precios (que si mal venden los perjudica). Más la deuda externa y la presión del FMI y del Club de París.

LA DISPUTA

La puja en la cúpula económica se dirime a favor del CAA quienes logran:

a) Que el Poder Ejecutivo adopte como ley su propuesta de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa para priorizar la venta al exterior y que, por cada dólar que consiguen (y que el proyecto de marras impulsa y estimula) quieren obtener mayor poder de compra en el mercado local. Más extractivismo agropecuario y mayor dependencia del mercado externo, porque una vez que tengan cosechado esa mayor cantidad de grano o carne, ¿por qué la van a destinar al mercado interno?, ¿para sobre ofertarlo y que caiga su precio?. No, lo hacen para generar divisas para ellos y pagar lo menos posible al erario público y, si los argentinos quieren consumir alimentos que lo paguen al precio internacional

b) Que no intervenga el Estado en el Río Paraná, como dice Mempo Giardinelli: “Es sabido que el Paraná es uno de los más importantes ríos del mundo, y la segunda cuenca sudamericana en extensión después del Amazonas. Además es fabulosa y no siempre tenida en cuenta la recepción de aguas de grandes ríos sur continentales como el sistema Paraná brasileño-Iguazú, el Pilcomayo, el Bermejo y la cuenca central que forman los cordobeses ríos Tercero y Cuarto y el Carcarañá santafesino. Todo esto está en riesgo porque desde la sojización de la agricultura en los últimos 20 años se han talado millones de hectáreas de bosques nativos y sus consecuencias ecológicas son brutales. Se ha expulsado a millones de personas que trabajaban los campos, se han vaciado pueblos enteros, se tienen desmesuradas tasas de cáncer per cápita y encima se ha deteriorado el control en todos los órdenes. Y todo por el Estado Idiota que hoy tenemos, que más allá del incesante esfuerzo de trabajadores y técnicos prácticamente no controla nada”.

PROPUESTA

Es obvio que la verdadera defensa del pueblo argentino pasa exactamente por el camino inverso:

a) Se debe impulsar la investigación sobre los grandes compradores de divisas (y mientras suspender todo pago al FMI y al Club de París); aumentar los derechos de exportación (retenciones); poner “cupos de exportación” priorizando el mercado interno y dejar de devaluar nuestra moneda. Con el mayor ingreso por las retenciones y el menor pago de los intereses de la deuda, el Estado debe impulsar la construcción de viviendas y de obras públicas que no requieren importaciones de ningún tipo y, aumentar los salarios, jubilaciones y pensiones que depende del Estado y, de ese modo, la Argentina vuelve a crecer en forma sostenida y consistente.

b) Derogar el Decreto 949/2020 y sucesivos, que licita nuevamente el dragado del río Paraná, para que vuelva a ser administrado por el Estado.

Todo otro camino es una concesión al poder económico que se paga con desocupación y bajos salarios, la pobreza de la mitad de nuestra población así lo demuestra

[1] “Formación de activos externos 2015-2019” Informe del BCRA 14 de mayo 2020