Por Natalia Aruguete, publicado en Página 12 el 05/04/2020

La crisis, garantizar el abastecimiento, mercados de cercanía, la ley de góndolas y el control de precios.

Para incentivar y reproducir experiencias de producción y comercialización de la economía popular es necesaria la intervención del Estado. Los nudos principales suelen ser la logística y los espacios de mercado.

La flamante ley de góndolas establece topes para la participación de grandes empresas en la góndola en los supermercados y mínimos obligatorios para artículos que producen tanto las pequeñas y medianas empresas cuanto los productores de la economía popular. Esa norma comenzó a funcionar al mismo tiempo que se precipitó la pandemia coronavirus, que definió un listado de 2000 productos con precios máximo.

En ese contexto, Cash dialogó con Eva Verde, quien pasó de la Misión Mecopo (Mercado de Consumo Popular) a integrar la Dirección Nacional de Comercialización y Abastecimiento. 

Un gesto del actual gobierno, anclado en la promesa de incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en espacios estatales de gestión. Se trata de dar una mirada “popular, soberanista y feminista” de la producción y comercialización de productos a escala humana” —aclara la funcionaria—, que les brinde herramientas para enfrentar el proceso de concentración del abastecimiento de los alimentos.

¿Cómo se articula la comercialización de productos de la economía popular con la ley de góndolas?

- La ley de góndolas establece que puedan ingresar segundas marcas, provenientes de la industria nacional y de pequeñas industrias del alimento, a la góndola. En ese marco, desde la economía popular, proponemos que también la industria local tenga un espacio en la góndola y, en ese mismo sentido, nos parece importante que se revisen las formas de pago pautadas por los supermercadistas.

¿Cuál es su mirada sobre la experiencia de la tarjeta alimentaria con las ferias de la economía popular que se promueven en distintas localidades?

- El programa que propone el Ministerio de Desarrollo da 4000 o 6000 pesos a una familia, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga. Ese monto significa 130 pesos por día, que en los supermercados alcanza para comprar un litro de leche y un kilo de pan. Desde la Dirección proponemos impulsar un mercado donde los productores tengan un posnet y puedan vender productos sanos y a un precio justo. La experiencia en Concordia estuvo muy bien y en la ciudad de San Martín se hizo como lanzamiento. Fue muy exitoso como forma de visualizar la existencia de estos mercados. Los precios cuidados son una política que indica un precio de referencia, pero la leche de precios cuidados en los supermercados se termina a las 10 de la mañana.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de la Dirección para fortalecer la comercialización de productos de la economía popular?

- Queremos impulsar una serie de estrategias para que la producción de alimentos llegue a los vecinos y las vecinas. Muchos de los que estamos hoy en la Dirección de Comercialización y Abastecimiento venimos de años de trabajo en el ámbito de la comercialización de la economía popular desde las organizaciones sociales que integramos, apostando a generar mercados. Para eso, nos hemos abocado durante mucho tiempo a articular a los productores y los consumidores. Hoy, nuestro desafío es convertir esa articulación en una política pública. La actual situación de pobreza en la Argentina y, en ese marco, el Plan “Argentina contra el hambre”, pone estas cuestiones en primer plano. La pobreza en Argentina es estructural y el hambre es un síntoma. Por eso son bienvenidas las acciones urgentes contra el hambre —como la tarjeta alimentaria, por caso—, pero la política de fondo es generar trabajo.

¿Qué tipo de políticas de largo plazo están pensando para dar continuidad de las medidas impulsadas desde el Ministerio de Desarrollo?

- Nuestro objetivo de máxima es generar trabajo. Sabemos que hoy el hambre es un negocio para muchos de los grandes poderes, que generan estas situaciones de pobreza en todo el mundo y luego quieren ser ellos los que traigan la solución. Pero si estas situaciones son parte del problema difícilmente puedan convertirse en la solución.

¿Qué estrategias proponen para generar trabajo y a quiénes están dirigidas las políticas que impulsen desde la Dirección?

- Están dirigidas a los millones de desempleadas y desempleados que están sin trabajo desde hace muchos años. Se trata de gente que ya viene trabajando. En ese sentido, me parece importante dejar de pensar que el trabajo existe solo si es formal. Hay trabajo desarrollado en el ámbito de la economía popular, aunque necesita crecer, formalizarse, adquirir derechos, expandirse. Desde la comercialización podemos generar espacios de consumo y, para abastecer ese mercado, contamos con la producción que se verá traccionada por esos mismos espacios de consumo. Es en ese círculo virtuoso donde se genera más trabajo: la comercialización se vuelve cada vez más profesional, mientras que la producción aumenta pensando en la comercialización. En la economía a escala humana, las unidades productivas deben dar una cantidad de pasos para tener un producto de calidad. Pero el gran cuello de botella se genera cuando se procura poner ese producto en el mercado. Asumiendo ese obstáculo, desde las organizaciones sociales nos hemos dedicado a generar esos espacios de mercado de manera solidaria.

¿En qué consiste esa lógica solidaria?

- En no especular con la necesidad del otro. Si como productor estás buscando dónde colocar tus cientos de kilos de tomate, en mi calidad de comercializador no me aprovecho de esa situación sino que ayudo solidariamente y veo cómo ese producto puede tener un valor y colocarse a buen precio en otro mercado, sobre todo porque se trata de alimentos saludables y sin agroquímicos. Eso se logra trabajando en conjunto.

¿Cómo es la dinámica de ese trabajo en conjunto?

- Las comercializadoras articulan con los productores haciendo acuerdos que contribuyan a colocar esos productos en el mercado. De esa forma, el productor no se ahoga económicamente al tiempo que se genera un mercado para su producción. Con esos acuerdos, además, el productor se suele llevar entre el 60 y el 70 por ciento del valor que ese producto tiene en la calle.

¿En qué se distingue de la lógica del supermercadismo?

- Es todo lo contrario. Con el supermercadismo, el productor suele quedarse con un 30 o el 40 por ciento del precio final de su producto. Yo vengo de una organización social dedicada a la comercialización, pero mi trabajo siempre fue en conjunto con los compañeros que tenían líneas de producción: cada 15 días nos juntábamos y pensábamos juntos y juntas qué otros productos se podían elaborar, qué estrategias se necesitaban para colocarlos en el mercado, cómo mejorar el producto tanto en calidad como en packaging. La economía popular tiene una línea muy amplia de productos, que excede la producción de alimentos, aun cuando la urgencia de la situación socioeconómica actual ponga los alimentos en la primera plana de los diarios.

¿Cuáles son los desafíos concretos que afronta desde la Dirección en términos de comercialización de alimentos para sectores populares?

- Para incentivar y reproducir estas experiencias de comercialización es necesaria la intervención del Estado, los nudos principales suelen ser la logística y los espacios de mercado. En algunas ocasiones, se trata de aprovechar lo que ya tenemos. Por ejemplo, muchas veces los camiones van llenos de mercadería de una punta a la otra del país y vuelven vacíos. Uno de los desafíos de la Dirección de Comercialización es apuntar a la logística a nivel nacional como corredores de la economía popular. La idea es poder contar con la mercadería y los insumos que los productores necesitan para fabricar, para sembrar, para producir, y que cuenten con canales y una logística federal que no esté concentrada en Buenos Aires. Muchas veces las soluciones tienen que ver con la descentralización. Otro problema con el que se enfrentan los productores es burocrático; como hasta ahora no hubo una política de apoyo y desarrollo de la producción nacional, se encuentran en una difícil situación en términos de papeleo y cumplimiento de la normativa. Pero la normativa no puede ser la misma para el que exporta y para el que produce en una unidad familiar, y eso depende de una decisión política. Otra de las líneas que impulsamos procura resolver los inconvenientes que los productores afrontan con la normativa. En esta línea, hay distintos espacios del Estado interviniendo, tales como el área de Salud a través del Senasa, o el Ministerio de la Producción. Con ellos estamos discutiendo formas de flexibilizar la burocracia para ponerla al alcance de los productores.

¿Qué medidas de intermediación se podrían implementar para acotar las distancias y facilitar la logística de la economía popular?

- Hay una línea que se llama “mercados de cercanía”. En un país gigante como el nuestro, es necesario cambiar la matriz productiva y pensar en hacer todo a escala humana. No solo debemos pensar en mercados de cercanía sino en producción de cercanía. Por ejemplo, es ilógico que no contemos con cinturones verdes para la producción en las distintas ciudades del país.

¿En qué consisten los mercados de cercanía? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de mercados?

- Los mercados de cercanía buscan fortalecer la producción local y acercar a los vecinos a estos mercados. Se trata de espacios de comercialización que además tienen un valor cultural. Es decir, un espacio de intercambio donde el que vende y el que compra se conocen. Los grandes espacios de comercialización se presentan siempre como los solucionadores del abastecimiento y los principales generadores de empleo. Pero de eso nada sucede. Peor aún, los supermercados se han convertido en grandes concentradores del mercado de alimentos, por lo que tienen poder de compra: deciden a quién le compran y cuánto le pagan.

¿Están pensando en la creación de un sello de la economía popular? ¿Qué buscan con esa iniciativa?

- Pretendemos visibilizar de dónde viene la economía popular. Creemos que es fundamental para generar empatía y desestigmatizar. Sentimos la obligación de enfrentar el discurso que tilda despectivamente de “planeros” a los miembros de la economía popular. Debemos reorientar los recursos públicos desde los supermercados hacia la economía popular para generar más trabajo en lugar de exclusión. Poder decidir qué producimos, cómo producimos y quiénes lo producen es la base de la soberanía alimentaria.