Por Germán Alvarado y Andrea Cardoso

El pasado mes de julio del corriente año se llevaron adelante una serie de manifestaciones nominadas la Tercera Toma de Lima en contra del gobierno de Dina Boluarte. La capital del Perú recibió diversos colectivos de distintos puntos del país que, juntamente con agrupaciones locales tanto sindicales, académicas y partidarias fueron protagonistas de una jornada de vigilias y protestas.

No obstante, debemos alertar que la actual situación no es resultado de una mera crisis institucional, sino de la crisis del régimen neoliberal instaurado violentamente en la década del 90. La precariedad institucional peruana, (cuya expresión más peculiar es haber tenido 5 presidentes en 5 años) y actual situación, son más bien la expresión de una crisis mayor –a estas alturas permanente y continua- que tiene raíces profundas, estructurales e incluso históricas. 

El régimen neoliberal como ciudad amurallada

En los años 90 se instituyó, a través de la constitución del 93 (producto de un golpe de Estado), un régimen socio económico y político neoliberal que estabilizó un tipo particular de relación entre sociedad y Estado con una hegemonía del gran empresariado, principalmente financiero y extractivo. El advenimiento de la democracia en el presente siglo, no sólo profundizó dicho esquema, sino que construyó en el marco de una democracia mediocre, una suerte de ciudad amurallada, donde las impugnaciones sociales y políticas eran terruqueadas[1] o reprimidas[2], mientras que las alternativas reformistas electorales eran amansadas o cooptadas, por el establishment neoliberal (caso Humala),  en tanto la dinámica política democrática, que buscaba alternativas, terminaba siendo traducida en un defensivo antifujimorismo, conformándose en no volver a las etapas más oscuras de los 90.

 Gobierno de sobrevivencia e identificación popular

Pero por debajo de una escena política oficial, muy crispada pero insustancial, cada vez más alejada de las preocupaciones de la gente, se iba larvando una cada vez mayor inconformidad contra el modelo. La pandemia puso en evidencia al neoliberalismo peruano, e irrumpió -electoralmente primero y social y políticamente después- lo reprimido, lo contenido, a través del expresidente Pedro Castillo.

La derecha en su conjunto (gran empresariado, medios de comunicación, incluso la centro derecha) utilizando todos sus recursos primero denunció un fraude -que nunca pudo probar- desconociendo el voto de los sectores populares, especialmente del sur andino, para impedir el acceso al poder de Castillo, para luego, desde el primer día de gobierno, pasar a una política desestabilizadora y neogolpista. Ciertamente, contó también con la colaboración de un gobierno inexperto y precario (y con signos de corrupción en el centro de poder), de un progresismo vacilante que no tenía claro cuál era su adversario principal y, de cierto “centro” liberal que ensayaba salidas constitucionales para recortar el mandato del gobierno de Castillo pensando que había ahí una oportunidad y un desenlace democratizante. Sin embargo ya era evidente desde el fallido golpe de Merino, que la extrema derecha tenía una postergada vocación por el control estatal y factores de poder, que le permitirían conformar una coalisión de gobierno y poder viable, como finalmente sucedió.

Contra el discurso histérico y paranoico de una derecha cada vez más racista y que exhibió como nunca, su ropaje colonial, el gobierno de Castillo fue errático y estuvo lejos de avanzar en una agenda de cambios, pasando a priorizar su sobrevivencia, con pocas iniciativas políticas sustanciales. Asimismo, tampoco logró estabilizar una política de alianzas o, peor aún, al interior del conglomerado que apoyo su candidatura. La principal fuerza de la coalición (Perú Libre) no dejo de ser un factor de crisis, al constantemente presionar para obtener mayores cuotas de poder, llegando incluso amagar o sumándose a las distintas iniciativas de vacancia. Mientras aparecían signos de corrupción en el entorno presidencial, pero a pesar de ello, para un sector significativo del país, fue suficiente que el presidente no se entregase a la derecha (como sí lo hicieron gobiernos anteriores), manteniendo en el terreno simbólico una identificación de significativos sectores de la población, factor clave para lo que vino después.              

Diciembre 2022: destitución y estallido     

 Este coctel compuesto por un desleal acorralamiento de la derecha y la impericia y el aislamiento del Gobierno, provocó una salida aun hoy no del todo comprensible, una suerte de autogolpe, que nunca llegó a desarrollarse (o se quedó en autogol), lo que provocó la posterior destitución y arresto de Pedro Castillo y la llegada al gobierno de Dina Boluarte, su vicepresidenta. 

Quedó claro desde un inicio que con ella arribarían al poder aquellos sectores que perdieron las elecciones y que desconocieron el voto popular, conformándose una coalición de poder y gobierno cuyo centro de poder es el congreso con hegemonía fujimorista y de la extrema derecha, sumando a otros grupos “prágmaticos” e incluso a la “izquierda” (Perú Libre), que se ha incorporado en la “repartija” de ministerios. 

Ello no tardó en provocar una movilización inédita en el país y un parteaguas de consecuencias políticas aun imprevisibles.  No tardaron en estallar las protestas que fueron escalando en intensidad, especialmente en el sur andino. Como respuesta del gobierno, la represión devino en masacre y tuvo como epicentro las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca.

Pero también los pueblos indígenas amazónicos han estado en estado de alerta y movilización. Sus demandas estuvieron relacionadas con algunos proyectos encarados para modificar normativas, dentro de los cuales podemos mencionar a Ley Nº 28736 para la Protección de los Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29736 y la Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834. En líneas generales, sus objetivos residen en desconocer la existencia de los PIACI, permitir la explotación de petróleo en territorios protegidos amazónicos (mayoritariamente territorios indígenas ancestrales). El eje ambiental y de vulneración de derechos indígenas transversaliza estos intentos de modificaciones y es en esta línea el accionar social y político de las organizaciones indígenas de la selva peruana.

 Además de pronunciamientos en las redes sociales y medios gráficos, comenzaron también las movilizaciones en distintos puntos de la Amazonía peruana. Los días 13 y 14 de diciembre del 2022 se registraron bloqueos simultáneos en las provincias Utcubamba, la Libertad, Junín, Ica, Ucayali, Madre de Dios, Arequipa y Puno. Ya para el 15 de diciembre, se reportaron 57 movilizaciones en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En efecto, estas movilizaciones, que han contado con un amplio apoyo en todo el país, comparten algunas demandas como la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el castigo a los responsables de las matanzas, pero difieren respecto al adelanto de elecciones y la restitución de Pedro Castillo.

Lo que se debe resaltar es que  lo que irrumpió desde diciembre pasado, constituye una inédita experiencia en tiempos neoliberales, un verdadera novedad política que apareció en medio de la doble crisis –de régimen y de gobierno-, desde abajo, de las regiones, principalmente de las ciudades y el campo del sur andino, se desplegó una enorme y extraordinaria movilización      de afectos y solidaridades, así como la aparición de organizaciones comunitarias que, en varios casos, desarrollaron experiencias de control territorial, con una perspectiva política. Así también, aparecieron en la cultura popular canciones, lemas que expresaron el rechazo al gobierno y exigencias de sanción a los responsables de las matanzas, incluso estuvieron presentes en las recientes fiestas locales y religiosas en regiones como Ayacucho, Cusco, Puno, Cajamarca, todo ello inédito en los últimos 30 años.

Esta democracia ya no es democracia[3].

La respuesta del gobierno fue la represión y la matanza[4], sostenido con una discurso de deslegitimación de la protesta cuyo repertorio iba desde el terruqueo, injerencia extranjera, o la financiación de las economías ilegales.

En lo que respecta particularmente a las protestas de los pueblos amazónicos, se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo, incluyendo la utilización de palabras como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas” o “indios”. Estos mensajes no son inocuos, sino que, por el contrario, crean un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y los pueblos indígenas originarios de Perú[5].

Todo ello mientras la coalición de gobierno, avanzaba -y avanza- en el control de instituciones claves para consolidar un régimen de larga duración que busque enfrentar la crisis sistémica y habilitar la llegada de un gobierno de derecha dura, algo que la voluntad popular le ha negado en sucesivas elecciones.  El desequilibrio de poderes -que se inició en el gobierno de Castillo limitando por ejemplo competencias presidenciales- y el copamiento de instituciones,  no ha cesado desde entonces. Esta coalición  controla ya el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, pero van por todo: actualmente están a punto de tomar la Junta Nacional de Justicia (que nombra jueces y fiscales) y, por esa vía, a los organismos electorales.

Perspectivas

Como anticipáramos, en la capital peruana se realizó la llamada “3a toma de Lima”, que en realidad fue una jornada de protesta a nivel nacional, donde se pudo notar una ampliación social y territorial de la movilización, es decir la protesta se sintió en más ciudades y provincias del país, aunque disminuyó en intensidad y en su capacidad disruptiva (menos tomas de carreteras y paros en ciudades del interior), siendo además menos confrontacional con las fuerzas de seguridad. Esto probablemente, efecto de la terrible represión en las jornadas anteriores como también producto de una situación económica que se hace sentir, especialmente en las regiones del país. Asimismo, el 16 de septiembre se produjo una marcha en defensa de la Junta Nacional de Justicia y de la Democracia, la que se realizó fundamentalmente en Lima, con una convocatoria importante pero que estuvo por debajo de las expectativas.

¿Se trata del reflujo del movimiento aparecido en noviembre o un proceso de más largo aliento?  Como mencionamos la aparición de una fuerza, parcialmente organizada, popular y regional, que ha colocado en el centro una agenda política de cambios, no debe pasar desapercibida y, consideramos, que de alguna manera se hará sentir en adelante, más aun con una crisis económica que ya se deja sentir.

No deja de llamar la atención que a pesar del amplísimo rechazo del gobierno y el congreso[6], no existan fuerzas, corrientes, agrupamientos, liderazgos a nivel nacional que puedan aparecer como alternativas a la actual oferta política en el país. Por ello, muchas veces el expresidente Castillo, con todo sus límites y problemas, aparece como el único personaje de referencia en las protestas, aunque solo exprese a segmento de estas.

En perspectiva, ante el creciente autoritarismo y los serios problemas económicos, los heterogéneos sectores movilizados, deberán superar su propia tendencia a la fragmentación y consolidar una mayor voluntad hegemónica, lo que no es fácil en espacios donde han abundado el cortoplacismo y el sectarismo. En ese sentido, deberá ir sumando más fuerzas sociales, a más sectores del país y, en un no tan largo plazo,  expresarse también políticamente (no sabemos si en una o más fuerzas políticas).

La actual crisis, dada su magnitud, continua y estructural, tiene un proceso de resolución que no será ni fácil ni a corto plazo. Si bien se ha impuesto un gobierno contra la voluntad popular y la opinión pública, se ha abierto un proceso social y político de horizonte constituyente, que será difícil doblegar.