Por Daniel Pepe | 12 de Noviembre de 2016

El Terrorismo de Estado implementado entre 1976 y 1983, fue la condición fundamental para imponer un modelo económico neoliberal. Como reconociera alguno de sus protagonistas, la política económica aplicada desde marzo de 1976, era “incompatible con cualquier sistema democrático y sólo aplicable si la respalda un gobierno de facto”, pero además muchos delitos de lesa humanidad fueron cometidos expresa y únicamente por motivación económica.

El Terrorismo de Estado que impusieron en esas circunstancias históricas de la Argentina, entre 1976 y 1983, fue la condición fundamental para desarrollar un modelo económico neoliberal. Como reconociera el secretario de estado, Guillermo Walter Klein el colaborador más próximo al entonces ministro de economía José A. Martínez de Hoz, la política económica aplicada desde marzo de 1976, era “incompatible con cualquier sistema democrático y sólo aplicable si la respalda un gobierno de facto”.

Decenas de miles de luchadores políticos y sociales cayeron víctimas por el sólo hecho de ser opositores a ese modelo, como Oscar Smith quien “desapareció” junto a doce integrantes de la Comisión Interna del sindicato de Luz y Fuerza, por dar sólo un ejemplo. Pero también hubo comerciantes y empresarios, que poco o nada tenían que ver con la oposición y sin embargo fueron víctimas del saqueo perpetrado por algunos civiles con socios militares.

Si tenías bienes apetecibles, sin tener un “padrino” militar que te protegiera, te convertías en presa fácil para civiles voraces que se quedarían con tu fortuna así tuvieran que matarte. Los Macri, por ejemplo, no sólo no fueron “molestados” sino que aumentaron considerablemente su fortuna.

Hace pocos días, la diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió fue al programa de Susana Giménez y allí pidió el beneficio la prisión domiciliaria para los militares condenados en la última dictadura, dijo que desea “justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel” (¡desea justicia!, ¡Insólito!). Carrió expresa así, la política de hecho llevada por el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri. Elisa Carrió no hace más que salir en defensa de sus compañeros de fechorías, tanto militares como civiles, como Héctor Magnetto a quien “le consiguió hijos” (para conseguirlos es necesario habérselos sacado a otros), cuando era funcionaria de la justicia militar.

Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante la época de la dictadura, que dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa de los Graiver, investigó delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. El funcionario confirmó a Tiempo Argentino que hasta ese momento habían registrados 604 casos de empresarios y comerciantes despojados.

“El ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”.

“No son saqueos de las casas de los secuestrados por parte de los grupos de tareas para obtener un botín de guerra, sino que son aquellos casos en los cuales lo que se hizo fue despojar a las víctimas con una motivación que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era (imponer) el sistema económico, del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible”, explicó Alén. Y de paso quedarse directamente con varios negocios y empresas, omite Alén.

Martínez de Hoz fue condenando por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim. Los dueños de la importadora textil Sadeco, fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976. Luego los “blanquearon”: quedaron presos “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Esto sucedió porque Martínez de Hoz, oligarca y ministro de Economía de la tiranía, quiso quedarse con el negocio de exportación de algodón que tenía Sadeco con el gobierno de Hong Kong. Cinco meses de cautiverio bastaron para “ablandar” a los Gutheim para que firmaron la cesión del contrato para que Martínez de Hoz se quedara con el negocio.

Otro caso importante es el de los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino. La dictadura luego de mantenerlos en cautiverio durante casi dos años los liberó, cuando por medio de torturas y el cautiverio consiguió que transfirieran 25.000 hectáreas de tierras en la provincia de Santiago del Estero y un avión familiar a distintos testaferros.

El caso de Daniel Paskvan, empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16 de mayo de 1980 en un operativo policial-militar toman la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy. “Vino la policía y nos dijeron ‘estos son los nuevos dueños’. Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la empresa tomada por el ejército”.

Los militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist, propiedad del grupo de Héctor Capozzolo. “Agarran las acciones y se quedan con las dos empresas, una de Santa Fe, de mi padre, Dalmacio Paskvan, que era el principal accionista y la otra de Roque Pérez y Lobos, de la que éramos dueños mi padre y yo.” Según cuenta este empresario, una empresa multinacional que se llamaba Nutrimentos, que había comprado parte de la empresa local Purina, “pretendía quedarse con nuestras empresas y pasar a manejar el mercado”.

Paskvan inició una tarea judicial titánica para poder probar estos delitos y hasta ahora logró probar defraudación, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el juzgado penal de La Plata. En los tribunales de Azul probó subversión económica. Sin embargo, todavía no pudo recuperar un peso de todo lo perdido. Las acciones robadas de la empresa de Santa Fe no las volvió a ver, pero a partir de las condenas por el operativo en la provincia de Buenos Aires, recuperó la administración judicial de lo que quedaba de su empresa: sólo deudas.

El 27 de abril de 1977, Fernando Arturo Branca desapareció misteriosamente cuando salió a navegar con el almirante Emilio Eduardo Massera. Branca era un empresario exitoso, mayorista de papel reciclado, representante de la empresa Durbin Inc. (en Miami) a través de Durbin Sudamericana S. A. (en Buenos Aires). Propietario en la zona de Rauch (provincia de Buenos Aires) de tres mil hectáreas sembradas con lino y separado de Martha Rodríguez McCormack (a quien se atribuían amoríos con Massera). Su cadáver nunca fue encontrado. A los tres días de su desaparición llego a su despacho, por debajo de la puerta, un telegrama desde Uruguay diciendo que siguieran con el negocio con el almirante y que Cristina Larentis -su novia-, se quedara tranquila. Investigado el número del telegrama pertenecía a una familia que había felicitado al hijo de Massera por su casamiento. En Madrid -España- en las locas noches del boliche Pacha, borracho como una cuba, el marino Jorge Radice -delincuente represor en la ESMA-, contó como había matado a Branca. Radice había huido después de matarlo con una montonera que se hacia llamar Barbarella. Hoy Radice está preso.

Se comenta que a Branca después de haberle hecho firmar escrituras y otras cesiones de bienes, lo embarcaron en uno de los vuelos de la muerte, en los que tiraban detenidos al Río de la Plata . Hoy su nombre está grabado en la piedra del Parque de la Memoria mirando al río que seguramente fue su tumba.

Massera intercedió ante el contralmirante contador Andrés Covas, puesto por él en la presidencia del Banco Central, para que autorizara una transferencia internacional por 1,6 millones de dólares estadounidenses y así comprar los campos de Fernando Branca. Branca tenía vínculos económicos con Massera y quienes relacionan a éste con su desaparición plantean la hipótesis de que sus socios Jorge A. Piaggio y Alberto Lowenthal lo defraudaron.

Quizás la causa por “Papel Prensa” sea la más conocida. En ella está demostrado que Héctor Magnetto se quedó con la empresa en la sala de torturas. Sí, el mismo Magnetto accionista de Clarín que “consiguió” sus hijos a través de Elisa Carrió cuando era funcionaria de la tiranía. Sobre el caso es exhaustiva la presentación “Papel Prensa: La verdad” elaborado por la Secretaría de Comercio Interior que estaba a cargo de Guillermo Moreno y fue presentado a la prensa por Cristina Fernández de Kirchner el 24 de agosto de 2011. La causas, en el juzgado de Julián Ercolini, continúa detenida.

La Constitución Nacional condena como infames traidores a la patria, según el artículo 29, a quienes formulen, consientan o firmen, facultades extraordinarias, la suma del poder público, o supremacías a ningún gobierno; sobre la vida, el patrimonio o el honor de los argentinos. Por el artículo 36, la misma pena les corresponde a quienes interrumpan el sistema democrático.

La insólita Elisa Carrió, negando que haya justicia en la cárcel a los genocidas, sólo muestra la hilacha de haber sido cómplice de los terroristas de estado y de sus socios civiles. Como si ellos fueran cándidos abuelitos repartidores de maíz a las palomas.

Prontuario de “Lilita”

Elisa María Avelina Carrió -“Lilita”- es actualmente diputada nacional, pero comenzó su carrera en 1978 como asesora de la Fiscalía de Estado del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y jurando por sus Estatutos en lugar de la Constitución Nacional. Una tiranía de la que ella, a los 21 años se aprovechó, y continúo sacando provecho por muchos años. Arguyó Carrió haber aceptado esa tarea “porque necesitaba la obra social”. Pero la cosa no quedó allí. Enredada entre braguetas militares fue ascendida en 1980 a la Secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia de la intervenida provincia de Chaco. Una carrera meteórica con nivel y jerarquía de Juez de Cámara.

El 25 de octubre de 1982, luego de la derrota de Malvinas y con los militares en retirada, fue premiada con un rápido ascenso para llegar a Fiscal de la Justicia Militar, pese a la objeción de varios jueces por no contar con experiencia jurídica que lo justificara, no haberse respetado el escalafón ni la convocatoria a concurso para la promoción.

Y por más que Lilita se esfuerce en demostrar linaje y blasones de pago chico, lo cierto es que su familia se enriqueció notoriamente a partir el golpe cívico-militar de 1976. El padre de esta pretendida “niña bien”, había heredado junto a su hermano una estación de servicio ubicada en un ciudad llamada Quitilipi, sobre la ruta 16 que une Resistencia, la capital, con Sáenz Peña, la segunda ciudad más poblada de Chaco. Las ganancias de esa época de la sociedad de los hermanos Carrió proviene de la provisión de combustibles al distrito militar que comandaba Ormaechea.

El mentor para que fuera silenciosa Fiscal de la Justicia Militar fue su tío político, el Teniente Coronel Héctor Rodolfo Ormaechea, entonces Jefe del Regimiento Chaco y su tío político. Carrió lleva los nombres de su madre pero el Avelina proviene de su tía: Nelly Avelina Carrió de Ormaechea casada con el Teniente Coronel Héctor Rodolfo Ormaechea.

Según declaró públicamente el ex Director del Diario La Razón, José Pirillo, fue Carrió quien le “consiguió” los hijos al propio Héctor Magnetto cuando trabajaba en el juzgado chaqueño. Es lógico que Carrió se haya opuesto contundentemente a que se conozca la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.
Como se ve, tenía algunos intereses más que la “obra social”.

“Piensa el ladrón que todos son de su condición”.

Así reza el refrán de origen malagueño que denota la facilidad con que pensamos o sospechamos que otros son o actúan como nosotros, en especial cuando se trata de malas acciones o aptitudes.

“Cristina Kirchner puede ser jueza, pero va a tener que presentar el título de abogada” decía Carrió el lunes 24 de junio de 2013 según una nota de La Nación. “Es una oportunidad para que sepamos si efectivamente se recibió o no”.

Casi dos años después, el 7 de junio de 2016 salió en toda la prensa que el juez Bonadio sobreseyó a Cristina Kirchner por su título de abogada. Entendió que no hay delito y que se recibió en la Universidad de La Plata.

Según las crónicas Carrió accedió a su primer cargo como abogada a los 21 años. Considerando que haya terminado a los 17 años la secundaria debió hacer la carrera de abogacía en tan sólo ¡4 años!. Notable celeridad y vitalidad la de “Lilita” ya que a los 15 años se casó con el ruralista Enrique Santos con quien tuvo su primer hijo a los 16, Enrique. Se divorció a los 18 años. En su segundo matrimonio, con el abogado Miguel Angel Benítez, alumbró a Victoria e Ignacio. Volvió a divorciarse pero desconocemos la fecha y los motivos. Con tantos vaivenes personales es realmente notable que haya hecho la carrera en tan sólo 4 años. Quizá algún buen periodista de investigación pueda echar luz a tanta celeridad