Por Alejandro Quiroga
El 6 de julio de 1976, a unos 30 km al sur de General Güemes (Salta), el teniente Carlos Mullhall ordena la masacre de Palomitas: 11 presos políticos son fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento.
Estaban detenidos desde mediados del año 1975, cuando la provincia estaba intervenida y en manos de una legión de funcionarios venidos de la provincia de Córdoba, todos expertos conspiradores para derrocar gobernadores democráticos, participantes del "navarrazo", el golpe policial que había derrocado a Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López (dirigente de la UTA), quien posteriormente cayera bajo las balas asesinas de la Triple A. Ahora estaban en Salta, depurando la provincia de cualquier atisbo de protesta, de participación, de organización popular.
Durante la gestión del gobernador Miguel Ragone, el pueblo salteño participaba, estaba movilizado y organizado defendiendo al "doctor del pueblo". Pero los tiempos habían cambiado violentamente, en ese 1975 cayeron presos en operativos policiales de envergadura porque eran peligrosos, decían. Pasó ese año y llegó 1976, lleno de presagios oscuros, a principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible ‘operativo mantel blanco’, en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos.
El 11 de marzo de 1976 es secuestrado y nunca vuelto a aparecer el Dr. Miguel Ragone, el único gobernador detenido desaparecido. En la cárcel se enteraron con preocupación y consternación. Una de sus sobrinas estaba detenida allí. Y llegó el 24 de marzo, que cayó sobre ellos y sobre todo el país y ya nada será igual: las requisas, el aislamiento, el control de las visitas, los castigos y las intimidaciones, todo se extrema.
Ellos eran Presos Políticos que estaban detenidos en el penal de Villa Las Rosas, sus nombres eran Celia Leonard de Avila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso, María Amaru Luque de Usinger, Benjamín Avila, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Robetto Savransky y Rodolfo Usinger. En ellos se reflejaba otro hecho de terror de la feroz dictadura del 76´.
La aplicación de la "ley de fuga" so pretexto de "traslados" de presos políticos tenía como destino la muerte. Del penal de Villa las Rosas los sacaron de noche esposados y encapuchados, con la excusa de ser trasladados a Córdoba. En la más absoluta oscuridad, en medio de un fuerte operativo de seguridad sacaron once presos políticos, cinco eran mujeres, para asesinarlos en el Paraje Palomitas, en la ruta 34. También fueron asesinados allí cinco presos políticos procedentes de la cárcel de Jujuy (tres mujeres y dos hombres).
La Masacre de Palomitas tiene características similares a otras masacres ocurridas en nuestro país como la de Trelew o la de Margarita Belén. Por entonces gobernaba Salta el capitán Héctor Gadea y la zona militar número 3 dentro de la cual estaba Salta se encontraba bajo el mando del comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Benjamín Menéndez.
Los familiares de los detenidos-desaparecidos y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta señalan entre los responsables de la Masacre de Palomitas además del General de División Luciano Benjamín Menéndez, al comandante del II Cuerpo del Ejército General Antonio Domingo Bussi, jefe de la subzona 32 (Salta, Tucumán y Jujuy), al ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall y al teniente coronel Juan Carlos Grande, oficial de operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería blindada 141; al ex jefe de la Policía de Salta, coronel Miguel Raúl Gentil y al ex subjefe de la Policía de Salta, coronel Mendíaz.
También aparecen involucrados los policías de la Provincia Joaquín Guil, Alzugaray, Gutiérrez, Puppi, Páez, Murúa, Sánchez, Toranzo, Trovatto y Perelló, el comisario de la Policía Federal de Salta Federico Livy, el jefe de la Policía de Jujuy, mayor Luis Donato Arenas, y el jefe de la Policía de Tucumán, teniente coronel Antonio Arrechea. Por último, también consideran responsable al juez Ricardo Lona Albrecht que trabajó en pos de la impunidad de los asesinos y por lo tanto debe ser considerado cómplice de ellos.
Los otros grandes cómplices de esta, como de otras muchas masacres contra nuestro pueblo, fueron los medios de comunicación que jugaron en tándem con los milicos genocidas y los intereses de las transnacionales que los bancaban. Ninguna de las masacres perpetradas contra el Pueblo fueron tapa de ninguno de estos diarios.
Sobre la denuncia penal:
Los familiares formularon la denuncia el 14 de marzo de 2002 ante la Fiscalía Penal de Salta donde declararon lo siguiente: "Los prisioneros fueron baleados. Los cuerpos recibieron numerosos impactos de balas provenientes de distintas armas. La cantidad de disparos y la utilización de diferentes armas tuvo por objeto fraguar un enfrentamiento. Por eso mismo los cuerpos de Savransky y del matrimonio Avila habrían sido colocados dentro de los automóviles en la cercanía del paraje Palomitas; los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso dejados en la Provincia de Tucumán, fingiendo un enfrentamiento en Ticucho, como así también se aparentó un enfrentamiento en Pampa Vieja, Jujuy, en la que los cadáveres del matrimonio Usinger y de Oglietti fueron dejados".
Las víctimas de la Masacre
Celia Raquel Leonard de Avila: maestra salteña, de 34 años, madre de 4 hijos (en ese momento estaba alimentando a su hijita de 4 meses).
Georgina Droz: de 35 años, santafesina, licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de la Universidad Nacional de Salta.
Evangelina Botta de Nicolai: 30 años, psicóloga santafesina. Militante del ERP
María del Carmen Alonso (Chicha): 39 años, salteña, arquitecta, con dos hijos, sobrina del gobernador desaparecido Miguel Ragone. Simpatizante del ERP
María Amaru Luque de Usinger: 26 años, psicóloga
Benjamin Leolnardo Avila: 39 años, 4 hijos, casado con Celia Leonard.
Roberto Oglietti: 21 años, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e inscrito en la carrera de Historia. Simpatizante del ERP
Pablo Outes: 49 años, ex legislador salteño, 3 hijos
José Povolo: 28 años, comerciante salteño
Roberto Savransky: 32 años, tucumano, médico, dos hijos
Rodolfo Usinger: 27 años, ingeniero, casado en el Penal de Villa Las Rosas con Amaru Luque. Militante Montonero
Se entregaron a cajón cerrado los cuerpos del matrimonio Avila y de María del Carmen Alonso. Estos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos. Se encontraron balas del ejército en sus cuerpos, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes perpetrados.
En Yala, Provincia de Jujuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio Usinger, de Oglietti y de Dominga Alvarez, la única presa política sacada del Penal de Jujuy cuyo cuerpo apareció.
Después de 27 años, un sorprendente testimonio
Después de 27 años, en el 2003, Simeón Véliz de 74 años, que fue agente policial durante toda su vida, guarda un hecho en su memoria: lo ocurrido la noche del 6 de julio de 1976, a 17 kilómetros de su destino, la comisaría de General Güemes: la Masacre de Palomitas.
Véliz identifica el sitio, estuvo en el lugar de la masacre a pocas horas del hecho, en la ruta nacional 34. Él señala: "Había pozos con sangre, orejas, dientes, pelos y miles de cápsulas de F.A.L. que levantábamos de la calle a puñados".
Luego de casi tres décadas de investigaciones, Véliz, que paradójicamente sirvió durante 9 años de su carrera en el ya desaparecido destacamento de Palomitas, tomó una decisión: dar a conocer detalles de cosas que se mantenían en secreto y de las que jamás nadie había hablado, del contubernio y la conspiración montadas entre los militares de entonces y elementos del cuadro jerárquico de la policía de la provincia, antes y después de este hecho de terrorismo de estado.
La trama del terror
La Masacre de Palomitas, comenzó a ejecutarse la mañana del 6 de julio de 1976, aunque su gestación, había empezado mucho antes. Ese día por la mañana, el comandante de la guarnición local, Carlos Alberto Mulhall, citó a su despacho al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez y le comunicó que habría un traslado de presos políticos. A las 19:45, en el establecimiento carcelario, se presentó el entonces -ahora mayor retirado, millonario y propietario de una agencia de seguridad en la Patagonia- César Espeche, para retirarlos.
Dio dos órdenes: "esto no se anota en los registros", la primera. La segunda, fue más compleja y tenebrosa aún: apagar todas las luces y retirar a los guardia cárceles de los pasillos a objeto de que la operación resultara lo más secreta posible; no permitir que los detenidos llevaran consigo dentaduras postizas, lentes de contacto ni ropa de abrigo, pese a que hacía mucho frío. Una de las víctimas, Raquel Leonard de Avila, debió dejar a su bebé, de pocos meses, que estaba con ella en el recinto puesto que todavía lo amamantaba.
Oscar Correa, días antes, había recibido la visita de un inspector mayor que había venido de Salta, Héctor Trobatto, con el que se encerraba permanentemente en su oficina. Cuando salían, Correa se mostraba nervioso, no así Trobatto, que tenía todo el aspecto de esos oficiales de película: delgado, atlético, muy serio, con bigotes y una mirada característica de "los que tienen poder y saben mandar".
Veliz lo recuerda así: "Me acuerdo muy bien de él porque es de por aquí cerca, de Betania, y había estado varias veces, durante los días previos a la masacre, en Güemes. El mismo nos había dicho que la zona estaba llena de guerrilleros, que andaban robando autos. Por ello mismo y en virtud de esas informaciones, es que todas las noches nos tenían haciendo guardia en el "cruce" para "encontrar a los extremistas".
"Esa noche, Trobatto le dio una orden a Correa, quien nos convocó y nos envió en un móvil a cumplir una misión, pero sin decirnos cuál. Tres de nosotros -el agente Ricardo Arquiza, que ahora anda "levantando tómbola"; José "Vaso" Michel y yo- nos fuimos en un vehículo azul, que manejaba el oficial Raúl Huari. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que estábamos en el paraje Las Pichanas, cerca de Palomitas. "Bájense -nos dijo Huari- ustedes se van a quedar de custodia hasta mañana. Que nadie se acerque ni se detenga a mirar.
Allí, con un frío tremendo, estuvimos toda la noche. En el lugar, había dos vehículos, una camioneta que ardía y un Ford Fairlaine" (las investigaciones dicen que era un Torino, que como la pick up, habían sido robados por militares a la altura de Cobos, haciéndose pasar por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo).
"La camioneta ardía pero igual no se veía nada porque la ruta no era como ahora, sino mucho más angosta y rodeada de monte, la oscuridad era total.
Veliz, al relatar los acontecimientos, no tiene dudas ni lagunas. Y al respecto, siguió: Cuando empezó a amanecer, nos dimos con un espectáculo espantoso: en el lugar habían restos humanos: pelos, dientes, orejas...era algo terrible. En el asfalto habían miles de cápsulas de FAL (Fusil de Asalto Ligero); tantas que las agarrábamos a puñados. Y más aún, en tres lugares distintos, había pozos con sangre.
"Aquí mataron a varios", dijo "Vaso" y concluyó en que todos habían sido arrumbados, uno sobre otro, en tres grupos diferentes, donde deben haberlos rematado, a juzgar por los pozos con sangre, que eran impresionantes”. Veliz concluye: “La escena era más que dramática y nunca la he podido olvidar".
Historia reciente:
Luego de la anulación de las leyes de impunidad, la causa por la masacre se reabrió en 2002.
En enero de 2010, la Justicia Federal de Salta, representada por el Juez Federal Carlos Olivera Pastor, condenó a los principales responsables a reclusión perpetua.
En noviembre de 2015, la Cámara Federal de Salta confirmó el auto de prisión preventiva al ex juez federal de esa ciudad, Ricardo Lona. El tribunal consideró acreditado que Lona "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado”. Su abogado defensor era el dirigente del radicalismo Ricardo Gil Lavedra, quien en 2016 pidió dar por concluidos los juicios por delitos de lesa humanidad.
Todos los años organismos de Derechos Humanos y familiares de los fusilados realizan un homenaje a los militantes asesinados en el lugar de los hechos, a un costado de la ruta nacional 34. Existe además un monolito que recuerda la masacre.
La Red Federal de Sitios de la Memoria señalizó Palomitas el 24 de noviembre de 2017 al mediodía. Las señalizaciones son marcas que permiten reconocer los lugares vinculados al accionar del terrorismo de Estado y que simbolizan los pilares de la memoria, la verdad y la justicia como políticas de Estado que decidieron seguir los gobiernos populares de nuestro país.
Para concluir les dejamos esta conmovedora la Carta escrita en México por Graciela López, un sobreviviente del penal de Villa Las Rosas, en uno de sus párrafos dice:
“Si ellos estuvieran hoy aquí, si no hubieran sido torturados y asesinados, si no hubiera 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, de hijos huérfanos y de padres huérfanos de sus hijos, de hermanos, compañeros y amigos huérfanos, ¿cómo sería nuestra patria? No lo sé exactamente, sería diferente claro, pero sería mejor de eso no tengo dudas, no sólo porque todos y cada uno de ellos habría ayudado a construirla sino porque si ellos estuvieran hoy aquí no habría genocidas y torturadores que perseguir, no habría asesinos encubiertos compartiendo espacios de estudio y de trabajo, no habría hijos educados por padres asesinos o cómplices de asesinos, entonces, no tengo dudas de que nuestra sociedad sería mejor”. Memoria, Verdad y Justicia.
Fuentes:
El Tribuno, Salta, 31 de Agosto de 2003
Infobaires 24, 14 de julio de 2019