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Escrito por el COLECTIVO MARAMBIO

 

Si vamos a hablar de coyuntura, dos de los temas que ocupan el centro de la escena son el desarrollo de la pandemia provocada por el COVID 19 y la expropiación de Vicentín. Durante los últimos días han compartido cartelera con el escándalo del espionaje ilegal macrista y puede que en los próximos días lo hagan con la presentación en el Congreso de la contribución de emergencia que se le cobraría a las grandes fortunas del país.

 

Respecto al manejo de la pandemia, con la apertura casi indiscriminada de la cuarentena en CABA fogoneada por los medios hegemónicos de comunicación y respaldada por la práctica política de Larreta, se ha retrocedido de la mano del incremento del número de infectados diarios y también del número de muertos. Los resultados de la masiva salida de los “runners” de hace quince días se verá en las próximas dos semanas, aunque el mayor número de contagios parece explicarse por la circulación comunitaria del virus y el uso del transporte público por parte de los trabajadores sin respetar el distanciamiento social.

¿El crecimiento actual de los casos en AMBA era inevitable, se explica como un acto de negligencia o inoperancia del Jefe de Gobierno o se trata de una decisión política muy bien  planificada?. En general intentamos no abonar teorías conspirativas, pero no dudamos que los tipos que durante los cuatro años en los que tuvieron el gobierno nacional nos endeudaron, nos empobrecieron, nos marginaron, nos espiaron, nos encarcelaron y hasta nos quitaron el Ministerio de Salud, se puede esperar cualquier cosa. Hablamos del ala más radicalmente derechista de Juntos por el Cambio (bolsonarista si se quiere, para que no se ofenda algún compañero militante del más que centenario Partido), que no dudamos son capaces de propiciar con un absoluto desprecio por la vida, la apertura descontrolada de la cuarentena para que la pandemia se expanda rápidamente a la provincia de Buenos Aires y en algunas semanas, cuando los muertos sean más en el territorio gobernado por Axel que en CABA, cubrirse bajo el paraguas de tener menos muertos y mayor capacidad para controlar la expansión del virus.

Por lo anterior evaluamos positivamente la decisión de endurecer la cuarentena por tres semanas para bajar el números de contagios y evitar la saturación del sistema de salud, decisión soportada por Alberto pero justo es decirlo reclamada insistentemente por Axel (ahora nos explicamos su enojo en la conferencia de prensa compartida en la que Larreta anunciaba con una sonrisa la apertura de actividades entre otras la posibilidad de que los porteños salieran a correr). Creemos que Larreta se vio obligado a aceptar el endurecimiento por dos razones: la primera porque el incremento de los contagios fue mayor del esperado en CABA y de continuar al mismo ritmo pondrá en crisis el sistema de salud porteño y la segunda porque la “racionalidad” política se volcó hacia la necesidad de sostener las medidas de aislamiento frente al incremento de los casos y la incoherencia demencial de los no-argumentos de los anticuarentena.

 

Respecto a la posible expropiación de Vicentín lo primero que se debe señalar es que la furiosa reacción del establishment frente al anuncio de que la empresa iba a operar como testigo en los mercados de exportación de cereales y aceites y en el mercado de las divisas que se mueven en las transacciones de éstos commodities, es la confirmación palmaria de que las sospechas sobre operaciones en negro, triangulaciones con otros países y subfacturación son más que sospechas realidades. La participación de YPF Agro en el sector dejaría al descubierto las maniobras de evasión fiscal, la retención de liquidaciones para presionar sobre el tipo de cambio y la fuga de divisas de las empresas mayoritariamente transnacionales que hegemonizan el sector.

La reacción violenta del establishment apoyado por un sector de clase media que más que desorientado a ésta altura parece cómodo arropando los reclamos de los sectores más desvergonzadamente ricos de nuestra sociedad en contra de una decisión que preservaba el patrimonio público (créditos de la banca estatal) y de una importante cantidad de productores, no tiene que ver con la seguridad jurídica, ni con el respeto a la propiedad privada y mucho menos con el cuidado de la Constitución, sino con la defensa sin límites del privilegio de muy pocos a realizar negocios espurios a costa de las grandes mayorías que incluyen a muchos de los alucinados que ocuparon con sus cacerolas los balcones de los barrios del norte de CABA. La reiteración de estas consignas se mantienen en el espacio público por obra y arte del dispositivo mediático hegemónico que las amplifica.

Tomando el control por intermedio de YPF Agro el Estado ingresaría al núcleo del negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: la producción agropecuaria, el complejo agro-exportador y el mercado cambiario con la generación de dólares comerciales. Pero los grandes grupos vinculados a la agro- exportación, que frente a las frágiles regulaciones del Estado hiper-fragilizadas durante los cuatro años de Macri, se permiten subfacturar exportaciones, retener cosechas, vender una parte de la producción en negro, presionar por devaluaciones, triangular operaciones con firmas offshore para eludir impuestos y fijar precios internos en perjuicio de los consumidores, ante la eventualidad de que el Estado intervenga y sea parte del negocio, se desesperan.

Ellos, los dueños de los agro-negocios lo que hubiesen querido es que, al estilo Cavallo, se estatizara la deuda privada, que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para salvar a la empresa, a los trabajadores, a los acreedores y a los productores, pero que no desembarque en el sector. Que se ocupe de ordenar la empresa para que sea entregada a otro grupo privado (si fuera extranjero, mejor). De ese modo, cada uno de los eslabones de la cadena podría continuar con impunidad participando en la dinámica opaca del negocio agropecuario.

Las corporaciones y cámaras empresarias argentinas muestran lo que son, tras apoyar durante los últimos cuatro años al gobierno Macrista, pese a que a muchos de ellos los perjudico. Hoy continúan siendo un sector  carente de criterios industrialistas y sin una orientación hacia el desarrollo nacional. Esas corporaciones demuestran una vez más que son parte del núcleo central de la decadencia económica argentina. La ausencia de una clase empresaria con conceptos básicos de soberanía y compromiso con el desarrollo nacional explica el prolongado estancamiento económico.

Por el contrario este Gobierno de Alberto Fernandez, como corresponde a un gobierno peronista, muestra vocación por desarrollar la producción nacional. Con la convicción de que hay que construir con lo que se tiene, Alberto Fernández hace esfuerzos políticos en convocarlos a un contrato social para superar esa histórica limitación del desarrollo. La respuesta que está recibiendo a esa invitación es la difamación y el agravió permanente.

La idea de empresa testigo era clara: un actor para observar el funcionamiento del mercado interviniendo en forma directa para asegurar la transparencia en los precios de un mercado opaco y fomentar la formalidad en las transacciones cuando es habitual que una parte se comercialice sin registrarla. YPF Agro podría determinar costos, precios y cadena de proveedores, actuar en forma contracíclica y definir políticas específicas para pequeños productores.

Lamentablemente los errores propios se han sumado a la reacción de los de siempre para complicar el avance hacia la expropiación. Lo confuso del anuncio, la deficiente evaluación de la reacción de la corporación judicial (donde nuevamente la decisión de un juez de provincia se impone a una decisión del gobierno nacional evitando que los interventores asumieran la dirección de la empresa degradándolos a simples veedores) y los errores en la contabilidad de los apoyos políticos a la medida que se traducen en votos en la cámara de diputados parecen alejar la posibilidad de avanzar con el proyecto de expropiación.

Señala el perro Verbitsky en su nota del 28/06 en El Cohete a la Luna: “Un par de subcomandantes descienden de sus selvas de marfil para escarnecer al gobierno por lo que consideran un retroceso en el caso Vicentin, y las redes se recalientan con declaraciones de apoyo a la medida, para consumo de lo que Artemio López definió como audiencias redundantes. Esto tranquiliza a las distintas alas de la militancia del send y el enter y no le hace cosquillas a la realidad”.

Nos negamos caer sobre Alberto por los pasos en falso dados hasta ahora, pero señalamos que los errores deberían ser superados sin renunciar a la disputa política que se planteaba al lanzar el proyecto de intervención. Entre otras cosas porque los apoyos a la participación central del estado en la recuperación de la empresa como actor central del mercado de exportación de oleaginosas y aceites abarca sectores impensados como señala nuevamente Verbitsky en la ya mencionada nota: “Pronunciamientos categóricos en favor de la intervención por parte de gremialistas campestres, como el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, el ganadero Pedro Salas, desaconsejan emblocar a todo el sector como enemigo, cuando no lo es. Salas le dio un paseo inolvidable en una entrevista por radio a un vocero del oportunismo pro-patronal. “Hay que estar alucinado para comparar esta situación con la de Venezuela. ¿Usted sabe que Venezuela importa alimentos?”, le dijo. Nunca esta veleta había recibido semejante sopapo que le hiciera dar varias vueltas en redondo.”